
La desmaterialización de los trámites administrativos ha concentrado durante mucho tiempo los esfuerzos de las entidades locales francesas. Este aspecto, ampliamente impulsado desde el plan Francia Relance y sus 88 millones de euros dedicados a la herramienta digital local, ha permitido establecer una base técnica. El tema ha cambiado. Las entidades locales deben ahora arbitrar entre inteligencia artificial, ciberseguridad, sobriedad digital e inclusión, sin un marco de decisión unificado para abordar estos temas juntos.
Gobernanza de la IA en las entidades locales: un proyecto sin doctrina compartida
La adopción de la inteligencia artificial en el sector público sigue siendo reciente, heterogénea y poco coordinada. Las experiencias en el terreno divergen en este punto: algunas metrópolis experimentan con agentes conversacionales para la atención a los ciudadanos, mientras que la mayoría de los municipios de tamaño medio aún no han formalizado una estrategia sobre el tema.
El problema no es técnico. Se debe a la ausencia de una doctrina compartida sobre lo que la IA puede o debe hacer en un servicio público local. ¿Quién valida los casos de uso? ¿Quién arbitra entre un aumento de la productividad interna y un riesgo de deterioro de la relación con los usuarios? Estas preguntas pertenecen a la gobernanza, no a la informática.
Los recursos propuestos por Collectivité Numérique permiten a los electos y a las direcciones generales estructurar esta reflexión antes de las decisiones tecnológicas, en un momento en que muchas entidades locales están bajo la presión de proveedores sin haber establecido su propio marco.
Acompañar a una entidad en la IA supone trabajar primero en la capacidad de decisión antes de hablar de algoritmos. Sin gobernanza local de la IA, los proyectos siguen siendo experimentaciones aisladas que no sobreviven a la partida del proveedor o del agente responsable.

Ciberseguridad de las entidades locales: un ángulo muerto de los proyectos de transformación digital
Los ciberataques contra las entidades locales se han multiplicado en los últimos años. El programa de sensibilización llevado a cabo por Cybermalveillance.gouv.fr se dirige directamente a las entidades locales, señal de que el riesgo se ha identificado a nivel nacional. Sin embargo, la traducción operativa sigue siendo desigual.
Un pequeño municipio rara vez cuenta con un responsable de seguridad de los sistemas de información. A menudo depende de un proveedor externo que gestiona tanto el correo electrónico como el cortafuegos, sin una clara separación de responsabilidades. La capacidad administrativa local sigue siendo un obstáculo recurrente para asegurar de manera duradera las infraestructuras digitales.
Acompañar la transformación digital sin integrar la ciberseguridad desde la concepción del proyecto equivale a construir un edificio público sin salida de emergencia. Los datos de los ciudadanos, los registros de estado civil, los sistemas de nómina de los agentes: todo transita por herramientas digitales cuya protección a veces se basa en una sola contraseña compartida.
Lo que implica un acompañamiento serio en ciberseguridad local
- Una auditoría inicial de los sistemas existentes, incluyendo los software de gestión obsoletos que nadie se atreve a tocar porque “todavía funcionan”
- Una cartografía de los datos sensibles y sus puntos de exposición, realizada con los agentes, no solo por un proveedor externo
- Un plan de continuidad de actividad probado al menos una vez al año, para evitar la paralización total en caso de incidente
- Un aumento de competencias de los agentes en los gestos básicos, más allá de un simple e-learning anual
Sobriedad digital e inclusión: dos exigencias que complican los arbitrajes
El barómetro de la transformación digital de los territorios muestra que cada vez más entidades miden su huella de carbono digital e integran la sobriedad en sus prácticas. Este cambio de tema refleja un cambio de paradigma: la transformación digital ya no es solo un medio para la eficiencia administrativa, se convierte en un objeto de arbitraje ambiental.
Renovar un parque informático para desplegar una nueva herramienta de gestión tiene un costo ecológico. Mantener un sistema antiguo tiene un costo en seguridad y mantenimiento. Los datos disponibles no siempre permiten concluir sobre la mejor opción, porque las metodologías de cálculo de huella varían de un referente a otro.

La inclusión digital añade una capa de complejidad. Desmaterializar un servicio sin alternativa para los públicos alejados del digital crea exclusión, no modernización. Algunas entidades financian dispositivos de acompañamiento humano (consejeros digitales, espacios de terceros), pero estos dispositivos dependen de financiamientos frágiles y de competencias locales difíciles de mantener.
Articular sobriedad e inclusión en un mismo proyecto
El reutilización de material informático ilustra bien la tensión. Emergen filieres locales de reacondicionamiento, impulsadas por estructuras de la economía social y solidaria. Responden simultáneamente a un objetivo de sobriedad (alargar la vida útil de los equipos) y de inclusión (proporcionar material accesible a los públicos en situación precaria).
Por el contrario, un proyecto de desmaterialización completa de los servicios puede mejorar la huella de carbono (menos papel, menos desplazamientos) mientras excluye a parte de la población. El acompañamiento debe ayudar a la entidad a poner estas contradicciones sobre la mesa en lugar de ignorarlas en favor de un calendario de despliegue.
Capacidad administrativa de los territorios: el verdadero cuello de botella
La Comisión Europea identifica las capacidades administrativas locales como un obstáculo recurrente a la transformación digital de los territorios. El diagnóstico supera el caso francés: en todas partes, la dificultad no es financiar un proyecto, sino gestionarlo, mantenerlo y hacerlo evolucionar a lo largo del tiempo.
Concretamente, esto significa que una entidad puede obtener una subvención para una herramienta de gestión de datos territoriales, desplegarla con la ayuda de un proveedor, y luego encontrarse incapaz de hacerla funcionar una vez finalizado el contrato. La ingeniería de proyectos y la gestión del cambio son más escasas que los presupuestos.
- Los puestos de jefe de proyecto digital o de director de sistemas de información siguen siendo raros en las intercomunidades de menos de 50,000 habitantes
- La mutualización entre municipios, a menudo presentada como la solución, se enfrenta a divergencias de prioridades y calendarios políticos
- Las formaciones ofrecidas por el CNFPT cubren lo básico, pero el aumento de competencias en IA, gobernanza de datos o ciberseguridad requiere un acompañamiento continuo
Acompañar la transformación digital de las entidades locales en 2024 no se resume a un catálogo de soluciones de software. El tema se ha convertido en un problema de gobernanza local, donde cada decisión técnica implica simultáneamente cuestiones de seguridad, sobriedad, inclusión y competencias internas. Las entidades que avanzan son aquellas que han aceptado abordar estas dimensiones juntas, en un marco de decisión explícito, en lugar de apilarlas en silos.